La cuestión costeña

El calor como condición material

Durante los picos climáticos de 2026, las estaciones meteorológicas del IDEAM han registrado temperaturas continuas de hasta 38 °C y sensaciones térmicas que bordearon los 51 °C al mediodía [1]. En el trópico, esta realidad no es un detalle folclórico ni un tema de conversación trivial: es un hecho implacable que condiciona la salud, la conservación de los alimentos y la capacidad de conciliar el sueño antes de salir a trabajar al día siguiente [2].

Para sobrellevar esa atmósfera, la electricidad no es un consumo suntuario. Encender un ventilador o un equipo de refrigeración constituye una necesidad fisiológica de supervivencia básica [3]. Sin embargo, cuando el habitante del Caribe regresa a su hogar y abre la factura del servicio público de energía, esa necesidad biológica se transforma en un conflicto económico directo.

En el Caribe, protegerse del calor no es un lujo: es una necesidad cotidiana.

Es en ese cruce cotidiano donde la promesa republicana tropieza con la realidad. Una persona en Barranquilla posee exactamente los mismos derechos constitucionales que una persona en Bogotá. Ambas son ciudadanas de la misma República, votan con el mismo peso en las urnas y están cobijadas por la misma carta de garantías fundamentales [4]. Sin embargo, esas dos personas no habitan el mismo mundo material.

Aquí cobra un sentido renovado la distinción que Karl Marx formuló en 1843 en su ensayo Sobre la cuestión judía (Zur Judenfrage) [5]. Marx advirtió que el Estado moderno es capaz de proclamar la emancipación política —la igualdad formal de todos los individuos como ciudadanos libres ante la ley (citoyen)— mientras deja intactas las desigualdades en el terreno de la vida concreta (homme), allí donde las personas sufren, trabajan y garantizan su subsistencia.

No se trata de convertir el Caribe en una lección teórica del siglo XIX, sino de utilizar esa intuición para formular la pregunta que define a nuestra región: ¿Qué significa ser formalmente libre cuando las condiciones materiales de tu vida están fuera de tu control?

El problema no es que el costeño tenga menos derechos. El problema es que el mismo derecho se ejerce sobre condiciones materiales desproporcionadamente distintas.

El problema no es que el costeño tenga menos derechos que el resto de los colombianos. El problema es que el mismo derecho se ejerce sobre condiciones materiales desproporcionadamente distintas [4].

El costo de protegerse del calor

La radiografía socioeconómica evidencia la fragilidad de esa ciudadanía abstracta. En Barranquilla, aunque la pobreza monetaria se ubicó en el 23.4%, la informalidad laboral alcanza el 51.2% en su área metropolitana y escala al 83.2% en el sector rural y disperso del Caribe [6]. Para más de la mitad de la población trabajadora, el ingreso depende de la rebusca diaria [7].

Cuando a esa precariedad de ingresos se le suma el costo de la tarifa eléctrica de 2026 —con valores que alcanzaron los $1.033 por kilovatio hora en Afinia y los $890 en Air-e—, la factura se convierte en una vía de agua por la que se hunde el presupuesto familiar [8].

Es crucial entender la causalidad: el calor no creó la crisis energética del Caribe, pero la vuelve infinitamente más injusta porque transforma una necesidad del cuerpo en un costo inevitable [10]. Cuando la ola de calor hizo que la demanda de energía regional creciera un 9.1%, las empresas comercializadoras debieron comprar más energía en la bolsa a precios elevados, trasladando ese impacto a la tarifa del usuario final [9]. La propia necesidad de protegerse del clima termina encareciendo el servicio que lo permite [10].

La propia necesidad de protegerse del clima termina encareciendo el servicio que lo permite.

Si estas condiciones son tan severas y evidentes, la pregunta pasa de ser económica a ser profundamente política: ¿Quién tiene el poder para modificar las reglas que producen esta realidad material?

La cuestión del centralismo

Ahí es donde emerge la falla del centralismo colombiano [5]. Bogotá ha concedido a las regiones el derecho a elegir a sus alcaldes y gobernadores —la emancipación política formal—, pero retiene celosamente el control sobre las grandes decisiones regulatorias, fiscales y tarifarias [5]. Las reglas del juego energético las fija la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) desde la capital, bajo modelos abstractos diseñados sin atender la realidad térmica ni la estructura de ingresos del Caribe [11].

Por eso, resolver la "cuestión costeña" no es un reclamo regionalista para pedir transferencias de dinero ni auxilios temporales [5]. Tampoco se resuelve con parches normativos. Lo que la región requiere es autonomía real: la capacidad efectiva de participar en las decisiones regulatorias y económicas que determinan las condiciones materiales de la vida local [9].

Lo que la región requiere es autonomía real: la capacidad efectiva de participar en las decisiones que determinan las condiciones materiales de la vida local.

Hacia una autonomía real

Esa autonomía debe traducirse en medidas concretas: una regulación tarifaria que reconozca las condiciones climáticas del Caribe, protección para el consumo esencial de los hogares, mayor inversión en generación solar y eficiencia energética, y una participación regional efectiva en las decisiones que hoy se toman desde el centro.

El habitante de Barranquilla y del Caribe no necesita más discursos sobre su igualdad ante la ley. Lo que exige es que esa igualdad escrita en la Constitución se traduzca, finalmente, en la posibilidad de vivir con tranquilidad, dignidad y justicia bajo el sol de su propia tierra.

La igualdad escrita en la Constitución debe traducirse en la posibilidad de vivir con tranquilidad, dignidad y justicia bajo el sol de nuestra propia tierra.

Y queda una discusión que merece su propio espacio: el impacto ambiental de este modelo y cómo enfrentar el aumento de las temperaturas sin profundizar la crisis energética. Pero esa es una cuestión para otro día.